BUENOS AIRES.- El ministro de Economía, Hernán Lorenzino, confirmó que la Argentina sugirió la posibilidad de debatir una segunda reapertura del canje de deuda en condiciones similares a la propuesta en 2010, como respuesta al dictamen del juez Thomas Griesa, que ordena el pago a "fondos buitre" de 1.330 millones de dólares al contado y en efectivo. La propuesta fue plasmada en la presentación que realizó la noche del lunes la Argentina ante la Corte de Apelaciones de Nueva York, tras el fallo de Griesa, y Lorenzino la ratificó ayer en declaraciones radiales. En este marco, la agencia calificadora de riesgo Fitch bajó la nota de la deuda soberana de la Argentina a "CC", ante un eventual riesgo de caer en default, según expresó en un comunicado en EEUU. "Las calificadoras perdieron toda seriedad. Dice Fitch, 'si les pagan a los buitres subimos la nota'. Ahora no sólo califican: también son jueces", fustigó anoche Lorenzino desde su cuenta de Twitter.
En lo referente a la presentación en Nueva York, Lorenzino dijo que "la propuesta de Griesa es contraria al sentido común y las leyes argentinas" y que una propuesta similar al canje de 2010 "iría en línea con los antecedentes jurídicos de nuestro país y sería pasible de ser debatido en el Congreso".
Griesa juzgó que la Argentina incumplió la cláusula pari passu -tratamiento por igual a todos los acreedores- y la iniciativa de la Argentina apunta a volver a darle la misma oportunidad al 7% del total de acreedores que rechazó las propuestas de 2005 y 2010.
En ese sentido, Lorenzino recordó que las condiciones habilitadas por el Congreso para la segunda etapa de la reestructuración de la deuda en 2010 -cuando se encontró un artilugio para abrir la "Ley Cerrojo"- "fue una propuesta en peores condiciones que la que tuvieron los bonistas que entraron en el canje en 2005". La Ley Cerrojo fue establecida por el ex ministro de Economía, Roberto Lavagna, para lograr una gran aceptación en el canje inicial de la deuda, ya que había un artículo que especificaba que el Ejecutivo no podía reabrirlo, cuestión que sin embargo sucedió en 2010 con la suspensión de la norma y que ahora podría volver a ocurrir. "La presentación que hemos hecho (ante la Cámara de Apelaciones) ataca la fórmula propuesta por Griesa (un pago y cash) desde distintos puntos de vista; uno de ellos es el de la soberanía de nuestro país para dictar sus normas de manera soberana, e incluimos menciones a la Ley Cerrojo y a la de Presupuesto", indicó.
Sobre el fallo de Griesa, Lorenzino señaló que en la presentación de la Argentina ante la Cámara de Apelaciones "decimos que el juez ha tomado más en consideración algunos artículos periodísticos que el fundamento legal en el cual debe basar su fallo".
Con respecto de la resolución de Griesa, Lorenzino expresó: "debe verse no sólo desde el plano legal, sino desde el sentido común, porque violenta la racionalidad que debe tener un fallo". Al respecto, y en relación con la apelación presentada, señaló: "le decimos a la Cámara que en el fallo de Griesa, al menos, no han sido tratados los argumentos esgrimidos no solamente por la Argentina, sino por los bonistas (que entraron al canje), por la Reserva Federal de Nueva York, por la Asociación de Clearing del Estado de Nueva York, por el Bank of New York, que es el agente fiduciario de la Argentina". (DyN)
Qué dice la presentación ante la Cámara
Los abogados de Cleary Gottlieb Steen & Hamilton que representan a la Argentina solicitaron tratamiento "urgente" para que la Corte de Apelaciones suspenda los efectos de la orden de Griesa sobre el modo de liquidar la deuda con los holdouts.
Pide mantenimiento de la medida cautelar de "no innovar", hasta que se pueda completar el proceso de apelación. Argentina argumenta "inequidad manifiesta" de la fórmula propuesta por Griesa para llevar a la práctica la cláusula de "pari passu".
"Se consideró que el fallo es nulo porque, a criterio de la Argentina, el juez carece de las competencias necesarias para disponer la suspensión de la medida de no innovar que regía el procedimiento", dice el escrito.
Resalta que la suspensión de la orden, hasta que la Cámara resuelva, es la única forma que protege la continuidad operativa del sistema financiero de Nueva York y a sus agentes financieros, al igual que a los tenedores de deuda en general.